VAMOS A CIEGAS EN LA LUCHA CONTRA EL SECUESTRO
En nuestro último informe mensual de secuestros correspondiente al mes de febrero de 2019, dimos cuenta de ello, de la opacidad y confusión respecto a la estadística a nivel nacional.
Si no sabemos dónde y cuándo sucede este delito, y quienes lo cometen, nunca tendremos una política pública adecuada, y mucho menos un plan bien estructurado para combatirlo.
Por vez primera, presentamos una aclaración en nuestras cifras debido a que la Fiscalía General, y algunos Estados reportaron cifras inexactas, además el estado de Veracruz ¨omitió¨ reportar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 29 secuestros en el mes de diciembre 2018.
Por otro lado son alarmante las cifras de Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019 que evidencian que estamos prácticamente igual que en el sexenio anterior, es decir tenemos índices sólo 5% por debajo del fatídico año 2013, que fue históricamente el de mayor incidencia de secuestro. Esto obedece a diversas causas, que trataremos de explicar en otra columna.
Es indudable que mientras no tengamos  transparencia y cifras reales de la magnitud de este delito muy poco podremos hacer para combatirlo y erradicarlo. La fórmula para acercarnos a conocer la realidad del secuestro en México se compone por lo menos de 4 factores:
  1. Que las Procuradurías y Fiscalías Estatales, así como la Fiscalía General, respeten el tipo penal de secuestro que se encuentra regulado en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Combatir Delitos en Materia de Secuestro, y no registren secuestros ocultos bajo otros delitos como: privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, lesiones, entre otros, ya que esto trae consigo corrupción y una gran impunidad.
  2.  Se deroguen de los Códigos Penales Estatales los tipos penales de secuestro y los que encuadran en la descripción de secuestro de la ley antes mencionada, los cuales son inconstitucionales ya que contravienen una ley general.
  3. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe auditar y supervisar los registros delictivos de los Estados para garantizar el correcto registro del delito de secuestro y además tener la facultad de sancionar a los Estados que reporten cifras indebidamente.
  4. Se debe homologar el catálogo de delitos en todas las Fiscalías y Procuradurías, a fin de que no exista ocultamiento y simulación.
El país ya no tolera más ineptitud, simulación o inacción en este tema.
Finalmente no dejamos de reconocer el esfuerzo de la Federación que en lo que va de la presente administración ha atendido 2 de cada 10 secuestros ocurridos en todo el país en auxilio de los Estados, principalmente en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México. Sin embargo, el trabajo no es sólo de la Federación, los Estados deben sumarse a esta lucha y no evadir la responsabilidad, nos lo deben a las miles de víctimas a las que el secuestro nos ha destrozado la vida.